Carlos Jaramillo Vela

La columna

2018-08-02 - Carlos Jaramillo Vela


El PRI: frente a la mayor encrucijada de su vida.
El amparo de Ernesto Ávila: más suspicacias sobre Egro y los consuegros.


Durante los recientes días se ha hablado en diversos medios periodísticos, así como en los mentideros políticos, sobre la posibilidad de que el Partido Revolucionario Institucional cambie de siglas. La misma dirigencia nacional ha vertido claros mensajes en torno a la necesidad de una refundación del tricolor, a la luz del adverso resultado obtenido por el PRI en las elecciones federales del 1 de julio del presente año, en las que también estuvieron en juego algunas gubernaturas, así como cientos diputaciones locales, alcaldías, sindicaturas y regidurías. El efecto AMLO-MoReNa, sin duda fue un factor determinante en el desenlace de los comicios, debido a su carácter avasallador, pero hoy, evidentemente, las circunstancias colocan al priismo en la disyuntiva de la inmovilidad –con todos sus riesgos- o la transformación.

 

Cada vez son más los militantes que piensan en la necesaria transformación del PRI. Sí, una transformación institucional es el tema en debate. El cambio que eventualmente llegue a operarse al interior del histórico partido alrededor del cual ha girado una parte importante de la historia nacional, debe ser tanto de fondo como de forma, es decir: debe modificarse su presentación mercadotécnica (siglas, nombre, logotipo, etc.), así como también sus prácticas políticas internas en lo concerniente a elección de dirigentes y candidatos, así como respecto al control ético y disciplinario de sus miembros.

 

Ha corrido una considerable cantidad de tinta desde el 1 de julio de 2018, fecha en la que cambió la historia y el mapa geopolítico México. Hoy, casi todos los medios de comunicación y los ciudadanos mexicanos hablan del PRI, en uno u otro sentido. Quienes ven las fortalezas y oportunidades atribuibles al tricolor, han empezado a analizar posibles propuestas orientadas a su refundación. Una refundación que se percibe como imprescindible condición “sine qua non” para su viabilidad futura,pues, sin duda, hoy el Partido Revolucionario Institucional enfrenta la mayor encrucijadade su vida.

 

Desde meses atrás, y particularmente durante los últimos días, el militar Ernesto Ávila, Secretario de Salud del Gobierno del Estado de Chihuahua, se ha visto envuelto en controversias. El manejo de los recursos financieros de la dependencia a su cargo, y su parentesco político con el ex gobernador Francisco Barrio, han sido dos de los aspectos que subyacen bajo las sospechas que el desempeño del funcionario ha despertado. Incluso, uno de los más importantes medios de comunicación de la capital del Estado,reveló recientemente que es inminente la remoción de Ávila, ante la eventual concertación que el gobernador Javier Corral habría realizado con el prestigiado médico urólogo, y ex rector de la UACH, Enrique Grajeda Herrera, para conferirle el mando de la citada dependencia.

 

Además, es sabido que Ernesto Ávila se halla amparado por la justicia federal, en virtud de una supuesta acción jurídica de la farmacia Egro -proveedora de la actual administración estatal- contra el Secretario, en reclamo por la aparente falta de pago de medicamento adquirido a través de un contrato. En su momento, meses atrás, circuló reiteradamente en los medios de comunicación una versión que señalaba el ilícito favorecimiento económico efectuado en beneficio de Egro, mediante el otorgamiento –sin licitación legal- de uncontrato millonario, para el suministro de medicina. Asimismo, las fuentes informativas daban cuenta de la supuesta pertenencia de dicha farmacia al matrimonio formado por dos hijos –hombre y mujer- del Secretario Ávila y el ex gobernador Barrio, quienes, según las divulgaciones periodísticas, son consuegros.

 

Debido a los referidos antecedentes jurídico-políticos en medio de los cuales se gestó la aparentemente hoyconflictuada relación mercantilEgro-Gobierno del Estado, el amparo tramitado por el Secretario de Salud genera enormes suspicacias, y vuelve a poner en el ojo del huracán al controvertido funcionario. Aunque surgen en torno a este polémico caso numerosas preguntas, ahora solo se abordarán algunas: ¿Realmente son consuegros Ernesto Ávila y Francisco Barrio? ¿El millonario contrato para suministro de medicina, adjudicado a Egro, es en verdad violatorio de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua? ¿El Gobernador Corral autorizó o tuvo conocimiento de la adjudicación del contrato a Egro, antes que ésta se efectuara? ¿Por qué razón suspendió el Gobierno del Estado los pagos al proveedor Egro?.




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