La economía de la reforma educativa

En el tema de la educación, existen fundamentalmente dos factores que analizar en lo que respecta a las acciones que el Estado establece como parte de la política pública: la eficiencia del gasto y la calidad de la enseñanza. Uno de los grandes cuestionamientos acerca del desempeño de un gobierno, es saber qué tan eficientemente se utilizan los recursos del Estado y en el caso particular del gasto en educación, esta pregunta adquiere gran relevancia ya que la inversión en capital humano en países en desarrollo es una de las principales herramientas para el crecimiento, por lo que la provisión de educación básica es una de las obligaciones más importantes que debe llevar a cabo el Estado.

Si bien el gasto en educación en México ha registrado en los últimos años un incremento significativo, la eficiencia de ese gasto y la calidad de la educación brindada por el sistema educativo, deja mucho que desear. Lo anterior es producto de la ausencia de una sólida política de largo plazo orientada a la formación de capacidades productivas, con la que los mexicanos puedan afrontar el mercado laboral de manera competitiva, así como a la formación de conocimiento e innovación.

En términos de la eficiencia del gasto, los análisis más destacados corresponden a los elaborados por la OCDE, que ha planteado serias deficiencias relativas en lo que respecta a la eficiencia del gasto educativo. Según su Panorama de la Educación 2012, México destina a la educación la misma proporción del PIB que la media de los países que integran la Organización, el 6.5 por ciento; sin embargo, en resultados siguen siendo de los menos destacados. En este mismo contexto, es el segundo país que en proporción gasta más presupuesto público en el tema, el 20.3 por ciento del PEF, sólo por debajo de Nueva Zelanda; incluso gasta más que EU y Canadá. Pero los resultados no son del todo favorables.

En educación superior, por ejemplo, el país ocupa la penúltima posición del ranking (la 27 de 28), en cuanto a la cantidad de graduados que se supondría se generan anualmente, sólo el 20 por ciento obtiene el grado, cuando la media de la OCDE es del 30 por ciento. Un dato a destacar es que de la población de 25 a 64 años con educación media superior, sólo el 42 por ciento concluyó el bachillerato; sólo un 17 por ciento cuenta con estudios superiores.

De igual forma, la creciente inversión en educación no se ha traducido en mayores expectativas de graduados, ya que la cantidad de jóvenes que terminará la educación media superior, según la proyección del organismo, es de sólo 47 por ciento, frente al promedio de la OCDE que es de 84 por ciento. Asimismo, tampoco la inversión se ha manifestado en una mayor inserción de la población con educación en la ocupación, indicador que se ha mantenido estancado en la última década. En este sentido el gasto ha sido ineficiente y se requiere una reforma que profundice en el tema.

Ahora bien, recientemente se promulgaron las modificaciones constitucionales que componen la llamada reforma educativa. Cabe señalar que éstas se centran primordialmente en el rubro de la calidad, y se expresan en cinco aspectos: Primero, se creará el Sistema de Servicio Profesional Docente, con el que se estarían fijando los criterios para el ingreso, la promoción y la permanencia en el servicio a través del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). Segundo, la evaluación magisterial, será obligatoria para todos los maestros y con consecuencias de separación definitiva del cargo en caso de fallo. Tercero, se crean las escuelas dignas y escuelas de tiempo completo con criterios de calidad, equidad y autonomía de gestión. Cuarto, se crea el Sistema de Información y Gestión Educativa. Este tiene como propósito realizar un censo de escuelas, profesores y alumnos, para poder corroborar datos, y saber con exactitud cuántas escuelas, alumnos, o maestros hay en el sistema educativo nacional, información que no extraña a nadie que por importante que sea se desconozca. Y quinto se promoverá la provisión de alimentos nutritivos en pro de la salud de los estudiantes. Estas reformas, si se acompañan de una vigilancia estrecha del gasto que implican, podrían impactar de manera positiva en un mejor desempeño de los indicadores educativos, pero no son suficientes, se requiere ampliar los alcances.
Las deficiencias del sistema educativo, las cuales se perciben desde las etapas básicas, han provocado una pérdida progresiva de capital humano.

Es lamentable que los esfuerzos realizados en educación durante las últimas décadas no estén dando los frutos esperados, sobre todo si esta deficiencia se traduce en la imposibilidad de una persona de encontrar una ocupación con un ingreso suficiente y acorde el nivel supuestamente alcanzado, después de pasar más de 15 años en las aulas.