La legisladora indicó que, al igual que el Partido Acción Nacional, se trata de una acción, mecanismo que permite a las minorías de los Congresos llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que sea el máximo tribunal quien resuelva si es constitucional o no.
La legisladora comentó que con ayuda de expertos en la materia se observa que el denominado Plan B del presidente de México viola varios ordenamientos constitucionales, entre ellos el artículo 41, que regula al Instituto Nacional Electoral.
Contreras Duarte advirtió de los cambios que pondrían en riego las elecciones presidenciales de 2024, pues se busca reducir la plantilla laboral del INE en un 85 por ciento (afectados además derechos laborales), se eliminarían 300 juntas distritales y se afectaría la operación de módulos de atención que reciben a 120 mil ciudadanos al día.
“Esto traerá a la gente implicaciones graves como que la falta de personal que dificultará la integración de las casillas en proceso electorales, esto generará incertidumbre en la votación, por eso es importante que se sepa y que los ciudadanos no dejen de participar y defender nuestro derecho de ejercer un voto libre y secreto”, dijo.
Para finalizar, Laura Contreras expresó a los ciudadanos que no solo tienen el derecho de defender el sistema democrático del país, sino la obligación para aplicar el principio de legalidad, es decir, que todo acto o procedimiento jurídico llevado a cabo por las autoridades debe tener su apoyo estricto en una norma legal, pero sin contradecir lo que diga la Constitución.