La diputada de Morena, Leticia Ortega Maynez presentó una iniciativa para exhortar a la Delegación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en Chihuahua, la Delegación de la Comisión Nacional del Agua, la Junta Central de Agua y Saneamiento, la Comisión  Estatal para los Pueblos Indígenas y al Ayuntamiento de Urique realicen las acciones correspondientes que permitan la conclusión de la obra.

La diputada recordó que la comunidad de Mogotavo, para el abastecimiento de agua de consumo humano, ha hecho uso de diversos aguajes que se encuentran dentro de su territorio; sin embargo, desde que se empezaron a construir hoteles turísticos en la región, empezaron a tener problemas de escases y contaminación del vital líquido, problema que con las sequías aumenta.

En el año 2012 los habitantes de la comunidad se acercaron al Gobierno del Estado a exponer su problemática. En el 2014 la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) autorizó recursos para la construcción de una red hidráulica en Mogotavo, y en 2015 en coordinación con el Gobierno del Estado se iniciaron los trabajos de construcción de dicha red. Sin embargo, en septiembre del mismo año, la obra se suspendió, llevando más del 50% de avance, bajo el argumento por parte de la CDI, de que no se habían cumplido cabalmente las reglas de operación institucionales.  Las autoridades de Mogotavo interpusieron un amparo en contra de todas las autoridades involucradas, por considerar que se estaba violando el derecho al acceso de agua de todos los habitantes de Mogotavo, al privilegiar por encima de los mismos a las reglas de operación establecidas.

El proceso fue impedido por los señores Ricardo Orviz Blake, Omar Bazán Flores, Ricardo Valles Alveláis, Jesús Alberto Cano Vélez y Agustín López Daumas quienes alegan ser propietarios de las tierras donde se asienta ancestralmente la comunidad. Dichas personas objetan la personalidad de la comunidad indígena, la existencia de la misma y alegan estar siendo despojados de sus derechos como propietarios, sin embargo, las pruebas que ellos presentan para demostrar sus dichos, no fueron admitidas por el Juez de Distrito, por no ser las idóneas para tal efecto.

“Sabemos, que la raíz del problema, es la conspiración histórica entre inversionistas y autoridades del gobierno federal para ceder títulos de terrenos nacionales a particulares, cuando estas mismas tierras han estado posesionadas por indígenas desde tiempos inmemoriales”. El exhorto fue aprobado por todos los diputados presentes.